Resumen: La sentencia impugnada estima el recurso interpuesto contra la desestimación presunta de las solicitudes para la concesión de anticipos a cuenta de la indemnización por daños y perjuicios consecuencia de la suspensión del contrato, efectuada al amparo del art. 34 del Real Decreto Ley 8/2020. La resolución de 17 de diciembre de 2021 no se limita a la resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, y a determinar la indemnización por dicho motivo, sino que en el apartado tercero, acumula, de acuerdo con el artículo 57 de la ley 39/2015, al expediente de resolución y deja sin efecto los expedientes relativos al abono de indemnizaciones y de anticipos a cuenta derivados de la suspensión de los contratos previstos en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. De hecho, los expedientes de anticipo de indemnización por la suspensión prevista en el art. 34 del Real Decreto-ley 8/2020, han sido acumulados y puesto fin a los mismos, con el expediente de resolución del contrato, al dejarlos sin efecto, acordando los efectos de la resolución desde el 14 de marzo de 2020, entendiéndose incompatibles ambas indemnizaciones y estableciendo la compensación de los anticipos reconocidos con los que resulten de la resolución del contrato. Ninguna utilidad puede obtener el recurrente en que se reconozca el derecho a la tramitación y resolución del procedimiento iniciado sobre el abono de anticipo por indemnización.
Resumen: El Tribunal Superior de Justicia confirma la sentencia del Juzgado, que había considerado procedente el despido objetivo que acordó la demandada, titular de una conocida red de tiendas de droguería y perfumería, basado en causas productivas y organizativas. Tras inadmitir una reforma fáctica relativa al salario, la Sala desecha que el despido pueda considerarse improcedente porque la indemnización entregada sea inferior en unos mil euros a la que procedería conforme el salario regulador fijado en la sentencia recurrida, diferencia que entiende que supone error excusable, puesto que en las nóminas había muchos conceptos variables y además median diversas suspensiones de contrato por ERTE en los últimos meses, lo que hace ver la dificultad del cálculo de la indemnización, siendo que el Juzgado fijó tal salario regulador en base a un sistema de medias retributivas que tampoco se ataca por la vía de impugnación del derecho aplicado. En cuanto al fondo, entiende la Sala que, terminado el plazo pactado del arrendamiento del local donde se ubicaba la tienda que se cerró, concurría causa productiva, pues la demandante allí trabajaba. También concurren causas económicas, puesto que existen pérdidas que se arrastran desde el año 2018, con disminución de ventas y rendimientos en la tienda desde el año 2018 y pérdidas en el año 2020, señalando que las causas económicas se valoran considerando toda la empresa, a diferencia de las demás, donde se examina el centro de trabajo.
